EL INFORME DE GOBIERNO Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ELECTORALES

En México, el presidente y la mayoría de los gobernadores de las entidades federativas tienen la obligación de presentar un informe de gobierno; los demás servidores públicos tienen derecho a hacer uso de este mecanismo. La legislación no establece normas que regulen el contenido y la manera de presentación de un informe, sin embargo, permite su promoción y fija normas para limitar su difusión.

Algunas veces éste informe puede volverse tendencioso, con fin electoral, para impulsar el marketing político de quien lo emite; la democracia no puede entenderse sin la obligación de los gobernantes de rendir cuentas de su mandato.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Deberían regularse los informes y cuáles deberían ser los criterios?

Las regulaciones permitirían asegurar de mejor manera la equidad de la contienda, evitar las estrategias de simulación y el uso de informes de labores con fines electorales.

Otro aspecto importante es la información que se genera sobre el desempeño gubernamental que constituye una condición obligada para poder efectuar cualquier ejercicio de evaluación, es un hecho que solamente en la medida en que se incrementa el conocimiento político se facilita el monitoreo ciudadano de las acciones de gobierno, pues a mayor ignorancia menos posibilidades de control del desempeño.

La transparencia le proporciona a los electores la facultad de obrar con conocimiento de causa, contribuyendo con ello a la efectiva participación ciudadana, pues la desinformación disuade a la ciudadanía para asumir su derecho y responsabilidad de ejercer su poder. En este sentido, la información pública puede considerarse teóricamente como un prerrequisito de la participación, pues quien toma parte en los asuntos públicos debe estar previamente informado sobre éstos si quiere participar con conocimiento y responsabilidad.